El país de la paz y la estabilidad enfrenta una fractura en su promesa de bienestar. Es hora de repensar el Pura Vida desde la libertad y la equidad.
El llamado a elecciones democráticas del pasado primero de octubre de 2025, anunciado por el Tribunal Supremo de Elecciones, coloca a Costa Rica frente a una encrucijada histórica. La nación, reconocida por décadas como modelo de estabilidad, educación y bienestar social, atraviesa hoy un deterioro estructural que pone en entredicho el sentido mismo del “Pura Vida”. Las desigualdades crecientes, el avance del crimen organizado, la violencia, la infraestructura colapsada, el desfinanciamiento de la educación y la salud pública, el cambio climático, la precariedad laboral y la baja inversión en ciencia y tecnología son síntomas de una fractura profunda: la ruptura del contrato social que definió el siglo XX costarricense. En un escenario global marcado por la inteligencia artificial, las tensiones geopolíticas y las migraciones, el país se encuentra ante la necesidad de reinventarse o resignarse.
No podemos permitir que el debate público se ahogue en la inmediatez y la superficialidad. Costa Rica necesita trascender el cortoplacismo y adoptar un lente estratégico y humano. Para ello, el enfoque del Desarrollo Humano propuesto por Amartya Sen en su obra Desarrollo y libertad (1999) ofrece una clave poderosa: el desarrollo no se mide solo por el crecimiento económico, sino por la expansión de las libertades reales que permiten a las personas ser y hacer aquello que valoran. La pobreza, entonces, no es simplemente la falta de ingresos, sino la privación de capacidades que impide a las personas vivir con dignidad y ejercer plenamente sus derechos.
Esa privación de capacidades es hoy visible en múltiples planos. La inseguridad y el avance del crimen organizado anulan la libertad de vivir sin miedo y deterioran la convivencia comunitaria. El desfinanciamiento del sistema educativo, advertido en el Décimo Informe Estado de la Educación 2025 elaborado por el Programa Estado de la Nación, limita las oportunidades de movilidad social y condena a las nuevas generaciones a un horizonte de desigualdad. La economía del cuidado continúa invisibilizada y recae de forma desproporcionada sobre las mujeres, restringiendo su participación en el ámbito laboral y político. Como sostiene Iris Marion Young en Justice and the Politics of Difference (1990), la ciudadanía universal resulta insuficiente si ignora las desigualdades estructurales que impiden el ejercicio real de los derechos.
Cuando la desigualdad se normaliza y la ineficiencia pública se vuelve parte del paisaje, emerge lo que el sociólogo Juan Russo denomina subciudadanía en su ensayo Ciudadanías y subciudadanías (2008): el estado en el que una persona posee derechos formales, pero carece de las condiciones materiales para ejercerlos. En Costa Rica, quienes viven sin acceso al agua, sin conectividad digital o en comunidades con caminos intransitables son ciudadanos solo en el papel. La corrupción y el debilitamiento institucional profundizan este abismo, desviando recursos que deberían destinarse a ampliar capacidades y reconstruir la confianza social.
El proceso electoral de 2026 no debería entenderse únicamente como la elección de nuevos representantes, sino como una oportunidad para redefinir el contrato social costarricense. La democracia debe ser el espacio donde repensemos colectivamente el país que queremos construir, incorporando los desafíos del cambio climático, la inteligencia artificial y las nuevas formas de producción, sin perder la cohesión territorial y cultural que han sido fuente de fortaleza para la nación.
Frente a esta encrucijada, la respuesta no puede ser la resignación. Costa Rica necesita ejercer su agencia ciudadana y recuperar la capacidad de pensar estratégicamente su futuro. No se trata solo de demandar soluciones inmediatas, sino de exigir a los liderazgos una visión de largo plazo que proyecte un horizonte de desarrollo humano sostenible, como el que han planteado los Informes de Desarrollo Humano del PNUD desde 1990. Tampoco basta con votar cada cuatro años: la democracia deliberativa exige participación activa, vigilancia ciudadana y el fortalecimiento del debate informado como base de toda política pública legítima.
El Pura Vida no puede ser un eslogan vacío ni una excusa para la pasividad. Es, o debería ser, un ideal de convivencia en el que todas las personas tengan la libertad real de alcanzar sus sueños. Reconocer que el espejo de la realidad está roto es el primer paso para repararlo. Costa Rica cuenta con talento, conocimiento y voluntad; el reto está en articular esos recursos en torno a un propósito común: reconstruir el pacto social del siglo XXI con creatividad, corresponsabilidad y visión de futuro. Nuevas formas de pensar y construir el Pura Vida son posibles.
